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La reforma de alquiler más corta de la historia

imagen noticia El 19 de diciembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que, entre otras medidas, contemplaba importantes reformas en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda.
Dada la naturaleza provisional de todo Real Decreto Ley, esta norma jurídica debía convalidarse en el plazo máximo de treinta días hábiles por el Congreso de los Diputados desde su publicación en el BOE. Finalmente, NO ha obtenido la confianza de la cámara, y el texto no ha sido convalidado, QUEDANDO DEROGADA AUTOMÁTICAMENTE DICHA NORMATIVA; sin perjuicio de haber desplegado efectos jurídicos absolutamente plenos, por lo que todos los actos realizados a su amparo son válidos, en aras de garantizar la seguridad jurídica. Por lo tanto, estamos de vuelta a la LAU de 2013.

Respecto a quienes han firmado un contrato durante estos últimos 35 días, la ley les ampara, aunque es posible que algunos arrendadores quieran modificar el contrato para aplicar la ley vigente. El arrendatario tendrá que estar atento por si quiere o no quiere cambiar su contrato y adaptarlo a la norma vigente en la actualidad, ya que la no aprobación de la ley no significa que tenga retroactividad.

Los contratos firmados entre el 18 de diciembre y el 22 de enero estarán sujetos a un régimen especial respecto a los contratos que se firmen a partir del 23 de enero de 2019.

La vuelta a la situación anterior también tendrá consecuencias fiscales. Para empezar, el inquilino en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos seguirá pagando el impuesto de bienes inmuebles (IBI). El decreto ley lo suprimía. Además, los contratos de arrendamiento volverán a estar sujetos al pago del ITPAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). El pago de este impuesto (un 0,5% del importe del alquiler) lo paga el inquilino.

Asimismo, el trámite de las ejecuciones hipotecarias volverá también a la situación anterior. De esta manera, en el caso de los desahucios seguirán sin contemplarse situaciones vulnerables. El real decreto incorporaba una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda cuando afectaba a hogares vulnerables, fijando la suspensión del procedimiento en estos casos.

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Fuente de la Noticia: Idealista
(30/1/2019)